Movimiento ambiental presentó demanda judicial para frenar la ejecución del convenio Nación y Maizar en Misiones

La Asociación Civil Kaapuera presentó este jueves 28 de noviembre de 2019, una demanda judicial para «hacer cesar la ejecución del convenio entre Ministerio de Agroindustria de la Nación y la corporación Maizar, a través del cual se impulsa la plantación de maíz transgénico en Misiones»
La presentación ante el Juzgado Federal de Posadas “plantea una demanda judicial (amparo) para declarar la nulidad del convenio, y además una medida cautelar para suspender en forma inmediata la ejecución de dicho convenio.
El letrado indicó que en ese marco “el Ministerio de Agroindustria y Maizar deben completar información ambiental y de bioseguridad que han omitido dar en distintos requerimientos, como por ejemplo qué variedad de maíz transgénico se está sembrando en Misiones”
En enero de este año se conoció, a través de publicaciones periodísticas, que el organismo público nacional y Maizar “acordaron desarrollar maíz de alta productividad” (tal como lo define Agroindustria en su web) en más de 250 mil hectáreas para abastecer al mercado de Brasil, y al requerirse más datos, el mismo organismo nacional indicó que se trataría de un total de 400.000 hectáreas y otras potenciales 100.000 hectáreas, parte de las cuales corresponden a cultivos de yerba mate en la provincia de Misiones. La iniciativa fue inmediatamente rechazada por distintas organizaciones civiles, ambientales, de productores agrícolas, académicos, indígenas, profesionales médicos e incluso funcionarios del gobierno provincial y partidos políticos por el daño a la agricultura familiar y a la biodiversidad que produce.

En ese marco, la organización Kaapuera expuso su rotunda oposición al uso de estas semillas, presentó un proyecto de ley (junto a agricultores y profesionales de la salud y agroecología) para proteger a las semillas nativas y criollas (denominado Ley de Reparación Histórica, Tutela y Promoción de Uso de las Semillas Nativas y Criollas), y pidió información pública a Agroindustria, solicitud que fue contestada sólo en parte.

Sobre esto último, Ferroni indicó que Agroindustria de la Nación “omitió informar sobre las evaluaciones de impacto ambiental que se debieron realizar para llevar adelante un plan de esta envergadura, como también las convocatorias a la participación ciudadana para que se exprese respecto al proyecto, tal como lo exige la ley 25.675 (Ley genral de ambiente), como tampoco informó sobre el consentimiento previo libre e informado a las comunidades indígenas que son afectadas directamente por la ejecución de este plan de cultivo de variedades transgénicas de maíz, ni sobre las medidas de mitigación de impactos ambientales causado por la polinización cruzada con las variedades criollas y nativas de esta especie vegetal”