Nueva denuncia contra la pesca ilegal en Malvinas
Se trata de una acción judicial colectiva presentada ante el juzgado federal de Rio Grande, a cargo de Mariel Borruto.

La marplatense Fundación Agustina Lerena, por medio de su presidente, el experto en derecho del mar César Lerena, presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego contra empresas pesqueras extranjeras y nacionales, bancos, aseguradoras y astilleros, muchos de nacionalidad española, por practicar la pesca ilegal, por un monto estimado entre 12 y 26 mil millones de dólares.
“Entendemos, por Pesca Ilegal, a aquella captura de especies pesqueras, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional o nacional de origen y/o sin habilitación de la Autoridad de Aplicación. Donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente en forma directa o indirecta contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad económica y/o alimentaria y/o la sustentabilidad de las empresas y las fuentes de trabajo o el desarrollo de las regiones del litoral marítimo argentino”, sostiene uno de los párrafos del escrito al que accedió Buenos Aires/12.
La demanda incluye “a las sociedades mixtas españolas-isleñas pescando en Malvinas con la bandera ilegal Falklands, a las empresas pesqueras que pescan con bandera española, a las empresas isleñas pesqueras en Malvinas, a las empresas argentinas que tendrían vínculos directos o indirectos con empresas que operan en Malvinas, a los Bancos que financiaron las operaciones de las empresas referidas, a los Astilleros que financiaron directa o indirectamente la construcción de buques pesqueros para la pesca en Malvinas y/o se asociaron para la pesca en Malvinas, a las Entidades de Seguros que aseguraron las operaciones de los buques pesqueros”.
En un breve contacto con Buenos Aires/12, el impulsor de la querella la calificó como “muy importante”, por sus implicancias comerciales, ambientales y soberanas.
La demanda, que cuenta con el patrocinio de Eduardo Barcesat, quedó radicada en el juzgado a cardo de Mariel Borruto, quien también tiene a su cargo la denuncia contra la operación petrolera “León Marino”.
El principal argumento es que “los demandados conocen -y están obligados a cumplir- que no se puede pescar sin la habilitación de Argentina en las aguas continentales argentinas ni en las aguas argentinas de Malvinas. Y las empresas españolas y británicas no lo pueden desconocer, porque el Reino de España ha reconocido la Independencia Argentina y su soberanía territorial, que incluye a Malvinas y sus aguas en 1863″.
Actualmente, los derechos de explotación pesquera constituyen el principal ingreso de la administración británica de las islas aunque, de concretarse Sea Lion, modificaría radicalmente la ecuación.
El monto total es el resultado de multiplicar más de cuatro millones de toneladas de distintas especies, extraídas entre 1989 y 2025, sin autorización de las autoridades argentinas, por su valor FOB en la menor de ambas estimaciones, y por su precio mayorista internacional en el segundo caso.
A estas cifras podrían agregarse actualizaciones, costas y eventuales perjuicios derivados de derechos de captura, derechos aduaneros, tributos nacionales, tasas de inspección y otras obligaciones que, según la fundación, habrían correspondido a una explotación autorizada bajo jurisdicción argentina.
Ambas denuncias, la de Lerena por la pesca y la del CECIM por el petróleo, se producen luego del giro malvinero de Milei, que el propio Lerena calificó oportunamente como “una respuesta más al apoyo a Donald Trump que a una política argentina”.
En la causa contra “Sea Lion”, Borruto ya libró oficios a la Cancillería y la Secretaría de Energía, tendientes a recabar información oficial y producir prueba para el expediente.
Fuente: Página 12
