SENASA vs. ganaderos
Caravanas: el SENASA rechazó el freno de los ganaderos al chip electrónico y el conflicto va a la Justicia
El reclamo admistrativo de productores cordobeses que tildaron a la medida obligatoria de “inútil y costosa” fue desetimado. Ahora preparan amparos para presentar en los tribunales federales.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) desestimó de forma oficial el recurso administrativo presentado por un grupo de productores ganaderos que buscaba frenar la implementación obligatoria de las caravanas electrónicas en los terneros nacidos a partir de este año.
La resolución, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz “Pilu” Giraudo, cerró de manera definitiva la vía administrativa para los productores disidentes, abriendo la puerta a un inminente escenario de litigio judicial en el fuero federal.
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La polémica se inició cuando el productor cordobés Carlos Baravalle, vicepresidente de Bases Federadas, junto a otros criadores, impugnó la normativa oficial.
El núcleo de la queja se argumenta en el impacto económico que la medida representa para los eslabones primarios de la cadena cárnica. Según estimaciones del sector afectado, el costo global de transición desde el viejo sistema de identificación por lote hacia la trazabilidad individual mediante chips supera los US$30 millones, un desembolso que los criadores consideran un gasto neto sin posibilidades de recupero en el precio de venta final de la hacienda.
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Los ganaderos argumentaron que los principales beneficios de esta tecnología de lectura automatizada no impactarán en los índices productivos de los campos de cría, sino que serán capturados por la cadena comercial posterior, fundamentalmente, por los grandes frigoríficos exportadores que buscan consolidar su acceso a mercados internacionales exigentes como Japón y Corea.
Trazabilidad sanitaria bajo la lupa oficial
En los fundamentos del rechazo, el Senasa expuso una postura que generó revuelo en el sector: el organismo reconoció que la finalidad de la identificación electrónica no busca optimizar los indicadores productivos individuales de los establecimientos ganaderos, sino robustecer la trazabilidad sanitaria y epidemiológica a nivel nacional.
Las autoridades sanitarias destacaron que los dispositivos permiten lecturas inequívocas, automatizan los registros informáticos, disminuyen el margen de error y agilizan de manera decisiva la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias o brotes sanitarios en el rodeo.
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Para los dirigentes rebeldes, este reconocimiento oficial es la prueba de que el discurso oficial sobre la supuesta mejora en la eficiencia tranqueras adentro era falso. Baravalle denunció que la medida obedece exclusivamente a exigencias burocráticas y comerciales ajenas al productor de a pie. Con la resolución en mano, los productores cuentan ahora con un plazo legal de 180 días para formalizar sus demandas ante los tribunales de Justicia.
Dicen que el descontento se agrava por la falta de canales de diálogo con el Poder Ejecutivo. Los grupos afectados denunciaron un cerrojo estricto en el área gubernamental y señalaron que el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se negó sistemáticamente a conceder audiencias para discutir modificaciones o prórrogas al programa de chipeado.
La política oficial, impulsada inicialmente bajo la órbita de la Secretaría Coordinadora de Producción, contemplaba originalmente una licitación internacional para que el Estado adquiriera 24 millones de dispositivos y los distribuyera de manera gratuita.
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Sin embargo, tras la anulación de dicho proceso por fallas en su confección, las autoridades decidieron trasladar la totalidad del costo a las veterinarias y al bolsillo del productor, donde cada chip oscila entre US$1,50 y 2, sumado al valor de los bastones lectores que promedian los US$500 a 800. El conflicto promete escalar en los tribunales mientras el malestar en las bases ganaderas continúa en ascenso.
